El Consejo de Empleo y Políticas Sociales de la Unión Europea (EPSCO) ha aprobado, a instancias de la ministra española de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, una Recomendación para desarrollar la Economía Social en toda la Unión Europea (UE), así como unas Conclusiones sobre salud mental y precariedad laboral, el primer documento de estas características que recibe el visto bueno de los 27.
Con esta recomendación avanza la Economía Social en Europa, donde más de 2,8 millones de empresas y entidades se enmarcan en este modelo productivo empleando a más de 13,6 millones de personas, pero de forma desigual en los diferentes países. «La Economía Social da un importante paso para convertirse en un nuevo pilar de la Europa social», ha asegurado la vicepresidenta Díaz ante sus homólogos europeos. «Es un modelo de éxito que combina eficiencia económica y justicia social, y que nos recuerda también la importancia de una mayor democracia en el trabajo para que las personas trabajadoras participen activamente en la toma de decisiones.
El texto aboga por que los países miembros de la UE promuevan las cooperativas, mutualidades, centros especiales de empleo, sociedades laborales o fundaciones, entre otros. Se trata de empresas o entidades que garantizan la creación de empleo de calidad, alientan la economía local y tienen una repercusión positiva en la cohesión social y territorial.
La propuesta aprobada en la EPSCO recoge una definición de la Economía Social como un universo de entidades privadas autónomas que operan primando las personas y el propósito social sobre el lucro. Además, reinvierten la totalidad o la mayor parte de sus ganancias y excedentes en fines sociales y/o ambientales o en actividades de interés para los usuarios o en la sociedad. Asimismo, su gestión se realiza de forma participativa con las personas que las conforman, por lo que la toma de decisiones es más democrática.
Esta Recomendación es la primera norma de la UE centrada específicamente en la Economía Social, una de las tres prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE junto al diálogo social y el trabajo decente, y propone diseñar políticas laborales y de empleo que apoyen este tipo de empresas o entidades; mejorar su financiación pública y privada, así como reconocer el papel que la Economía Social juega en la inclusión con, por ejemplo, la prestación de servicios sociales y asistenciales, en especial a grupos desfavorecidos.
La Recomendación impulsada en la Unión Europea remata toda una intensa actividad para incentivar este modelo que en los últimos años, a instancias de la titular de Trabajo y Economía Social, se ha visto reconocido con la primera resolución de la Asamblea General de la ONU que promueve también su desarrollo, así como el apoyo de las instituciones Internacionales: la recomendación adoptada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la resolución sobre el trabajo decente y la Economía Social y Solidaria aprobada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).